¿Y si al hablar de evaluación académica también hablamos de trabajo?

Lorena Pilloni

En un artículo publicado a principios de este año, Thomas Allmer (2018: 49) hace referencia a que los académicos solemos ver las universidades más como un espacio intelectual que como un lugar de trabajo. Tal vez eso explique en parte por qué seguimos discutiendo acerca de la evaluación académica sin hacer mucha referencia a nuestras relaciones y condiciones laborales o, en el mejor de los casos, dejamos estas últimas en segundo lugar al momento de debatir. Pero la omisión no es menor y es tiempo de reconsiderarla. Aquí algunas reflexiones:

Los académicos somos intelectuales y la universidad o el centro de investigación es un espacio intelectual que requiere libertad, diversidad, diálogo razonado y apertura, y como tal necesitamos defenderlo por encima del burocratismo y las exigencias productivistas.

1.- Nadie cuestiona la necesidad de la evaluación, pero cada vez más se alzan un mayor número de voces en contra del uso de ciertos criterios para evaluar a científicos, publicaciones e instituciones. De hecho, el debate reciente sobre la evaluación está centrado en este aspecto. En especial, se cuestiona que tales criterios sean sólo cuantitativos o que respondan a los intereses comerciales de grandes empresas editoriales y no al avance del conocimiento científico ni a la propia lógica de las comunidades académicas en cada tradición disciplinaria, o también que estén basados en indicadores que no fueron creados con el fin de evaluar (Barsky, 2014).

En el caso específico de la evaluación a los académicos, es casi lugar común la crítica a los sistemas de estímulos basados en la asignación de puntos en función de la productividad académica: entre más publicaciones realicen los académicos son mejor evaluados, lo que trae como consecuencia una permanente presión por publicar a como dé lugar, sin importar (e incluso a costa de) la calidad de los trabajos o la aportación al conocimiento. Publicar o perecer, publicar por publicar. Sin negar la importancia de la discusión acerca de los criterios de evaluación y, conscientes de que es fundamental que ésta siga su desarrollo, llama la atención que sólo nos centremos en los criterios e indicadores, pero cuestionemos muy poco los propósitos y el sentido de la evaluación en el contexto del trabajo de los académicos, sus condiciones y sus derechos laborales.

2.- En otras palabras: ¿En qué momento se nos olvidó que la famosa “puntitis” surgió en la década de los ochenta para que los académicos compitieran individualmente por el otorgamiento de estímulos que se establecieron como “beca” para complementar su salario, el cual venía deteriorándose? Varios autores que estudian la evaluación académica, al hacer el recuento o la reconstrucción histórica de esta práctica, reconocen con toda claridad que derivó de un momento crítico en el financiamiento a la educación superior y a la investigación, traducido en el detrimento del salario de los investigadores y docentes. No obstante, aun reconociendo que la raíz del problema estuvo en la precarización de las condiciones laborales de los académicos, las propuestas de transformación siguen enfocándose en dar sugerencias para modificar la evaluación, y casi nada se habla de la urgencia por cambiar esas condiciones de origen (Buendía et al., 2017; Bensusan y Valenti, 2018).

Los sistemas de estímulos surgieron como una medida transitoria para paliar el problema laboral, pero al paso del tiempo se quedaron y consolidaron al encontrar cada vez mayor legitimación la evaluación misma como herramienta para incentivar la calidad y como mecanismo de rendición de cuentas. Tal legitimación ocurrió desde el ámbito administrativo y gubernamental, pero también desde el propio mundo académico, amparados en la idea de calidad y mérito. Sobre todo en relación con estos dos últimos aspectos, la evaluación académica no pierde pertinencia y relevancia, pero no hay razón para fetichizarla, mucho menos para olvidar el problema de base, máxime cuando está muy lejos de haberse resuelto: la precariedad laboral en el mundo académico.

3.- Podemos seguir discutiendo, afinando y mejorando los criterios de evaluación para otorgar estímulos salariales a los académicos, pero al final ello no modifica el hecho de que esos estímulos no generan derechos laborales y en la práctica encubren el no resuelto deterioro salarial. Así, por ejemplo, muchos investigadores se resisten a jubilarse puesto que el monto de la jubilación se calcula sólo a partir del salario base. Si han tenido años de ingresos conformados por salario base más estímulos, ¿por qué querrían jubilarse para ver disminuidos tan dramáticamente sus ingresos? Una consecuencia de esto es el progresivo envejecimiento de la planta académica. Las nuevas generaciones de académicos; por tanto, tienen menos opciones para obtener plazas dignas como investigadores. En este panorama, el Conacyt ha ideado un nuevo paliativo: las cátedras Conacyt, que tampoco generan suficientes derechos; pues ni siquiera se establece una relación laboral entre el centro de investigación beneficiado y los investigadores contratados. Estos últimos sólo adquieren temporalmente el carácter de “servidores públicos que formarán parte de la plantilla de servicios personales del CONACyT” (Conacyt, 2014: 3); es decir, pasan a formar parte del personal de confianza del Consejo, lo cual restringe sus derechos laborales.

4.- Hay estudios nacionales e internacionales recientes que documentan la precariedad del trabajo en el mundo académico y el consecuente estrés, el burnout, la ansiedad y la inseguridad laboral entre investigadores y profesores (Loveday: 2018; Phillips y Heywood-Roos: 2015; Olaskoaga-Larrauri, 2015: 112; Rojas et al., 2014: 111-113). ¿Por qué tan frecuentemente omitimos o minimizamos estos problemas en la discusión sobre la evaluación académica? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de abordar la evaluación como si no tuviera nada que ver con los derechos, relaciones y condiciones laborales de los académicos? Los procesos de producción científica, su evaluación y las características que ambos tengan o deban tener (según los criterios actuales o los que se construyan en el futuro) no se dan en el vacío: se dan en instituciones y en el seno de relaciones laborales que limitan o amplían los alcances de la actividad del investigador, la calidad de su trabajo e incluso su bienestar físico y mental.

Los académicos somos intelectuales y la universidad o el centro de investigación es un espacio intelectual que requiere libertad, diversidad, diálogo razonado y apertura, y como tal necesitamos defenderlo por encima del burocratismo y las exigencias productivistas. Pero no podemos soslayar o minimizar el hecho de que la actividad intelectual y su evaluación están ancladas en relaciones sociales, en un sustrato material que las condiciona. Los académicos somos también, y quizá ante todo, trabajadores con derechos. Desde luego tiene sentido continuar la discusión acerca de los criterios, modalidades y características de la evaluación académica como hasta ahora, pero va siendo necesario que lo hagamos con plena conciencia de que nada de eso puede ser cabalmente entendido sin problematizar las condiciones, los derechos y las relaciones laborales de los trabajadores académicos.